Ante el anuncio de la nueva ley del aborto
Piden que la normativa ampare una lista pública de médicos objetores

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp) ha pedido al Gobierno que la nueva ley del aborto regule "de forma clara" la objeción de conciencia de los médicos y permita publicar un listado renovable cada cierto tiempo de los facultativos que objeten frente a la interrupción del embarazo.

Organizaciones contrarias al aborto denuncian que el Comité de Expertos, creado para la elaboración de la normativa, es "parcial" y "está formado por personas totalmente abortistas"

MARIBEL GONZÁLEZ/MIGUEL FARALDO. El portavoz de la Fadsp, Marciano Sánchez-Bayle, considera que "es necesaria una regulación clara de la objeción de conciencia de los profesionales, en el sentido de que sólo puedan objetar los que intervienen directamente en el aborto" y no otros como pueden ser los celadores.

En este sentido, Sánchez Bayle apostó por que la nueva norma permita que los médicos que objeten frente al aborto se registren en un listado público y revisable cada cierto tiempo.

Por otra parte, el portavoz de Defensa de la Sanidad Pública insistió, en declaraciones a Crónica Social, en que la norma sobre el aborto que el Gobierno se ha comprometido a impulsar ha de ser una ley de plazos que deje en manos de las mujeres la decisión de interrumpir o no su embarazo.

Finalmente, concluyó el portavoz de la Fadsp, la norma debe garantizar que la sanidad pública cubra la interrupción voluntaria del embarazo y atienda en la práctica a aquellas que deseen abortar y estén dentro de la legalidad.

COMITÉ "PARCIAL"

Por su parte, organizaciones contrarias al aborto, como el Foro de la Familia y Provida, han levantado la voz contra el Comité de Expertos, puesto en funcionamiento por el Ejecutivo para abordar la creación de la nueva normativa y del que forman parte José Luis González Cussac, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Jaume I de Castellón, y la abogada y jurista especializada en violencia de género María Durán Febrer.

Del mismo modo, están en este grupo de estudio Elena Armedo Soria, especialista en Ginecología y primera presidenta de la Asociación Española de Planificación Familiar, el ginecólogo Javier Martínez Salmeán, y Francisco Donat Colomer, ginecólogo y catedrático de Enfermería MAterno Infantil de la Universidad de Valencia.

Así, el Foro Español de la Familia ha denunciado que el Comité "es parcial y una pura excusa para liberalizar completamente el aborto". En un comunicado, subraya que el aborto "es una cuestión esencial de derechos humanos donde está en juego el derecho constitucional a la vida y el derecho de la mujer a no ser abandonada ante sus problemas y por lo tanto no es una cuestión de expertos, sino de decisión política de respetar el derecho a la vida o no".

A juicio del presidente del foro de la familia, Benigno Blanco, el comité de expertos "es absolutamente parcial y una pura excusa para disfrazar la decisión del Gobierno de liberalizar absolutamente el aborto detrás de esos denominados expertos".

"Llama especialmente la atención", prosigue el comunicado, "que en esta comisión de expertos esté presente una diputada socialista y ex presidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI) y no haya ningún representante de asociaciones que defienden el derecho a la vida, ni asociaciones que atiendan a mujeres embarazadas".

Por último, el foro de la familia reclama "que no se juegue al despiste de la opinión pública en un tema tan esencial. Lo que debe exigirse al Ejecutivo es un compromiso explícito y sin matices con el valor básico de la vida humana y la solidaridad con la mujer embarazada", finaliza.

Por su parte, la Federación Española de Asociaciones Provida también lamenta que el citado Comité esté formado por personas "totalmente abortistas" y no haya en él ningún psiquiatra ni representantes de las mujeres que han sufrido una interrupción del embarazo.

Así lo declaró a este diario la presidenta de Provida, Alicia Latorre, quien añadió, no obstante, que su organización no ha perdido la esperanza de que el debate acerca del aborto que ahora se abre sirva para arrojar luz sobre la "terrible realidad" de la interrupción del embarazo.

"Estamos de acuerdo en que hay una situación que corregir, pero la ampliación de la ley del aborto no es precisamente la solución", subrayó Provida. A su juicio, lo que el Gobierno debe hacer es "corregir la situación de desamparo en la que se encuentran muchas mujeres embarazadas y el nulo compromiso institucional por ayudarlas".

"Hay que corregir la pretensión de convertir los delitos en derechos y la utilización de un lenguaje engañoso y manipulador y corregir a los que defienden que una violencia tan despiadada contra el no nacido y su madre es signo de progreso y libertad", prosiguió la citada federación.

Además, añadió, "hay que facilitar tratamiento a las mujeres que sufren el síndrome postaborto y también plantearse campañas serias que propicien un cambio de comportamiento en los adolescentes y en la población en general", pues "atacaría de raíz muchos problemas".

Para conseguir estos objetivos, subrayó Provida, "es necesario un debate serio y real en el que deberían participar personas sin intereses económicos ni políticos en la práctica del aborto, que arrojen luz sobre la realidad médica, psicológica y social; mujeres que hayan padecido las consecuencias del aborto y las que, a pesar de los problemas, dieron a luz a sus hijos, y juristas que velen por que ninguna ley viole derechos fundamentales o sea contraria al valor y dignidad del ser humano".

Por último, concluyó la Federación de Asociaciones Provida, los medios de comunicación tienen la responsabilidad de dar a conocer todos los debates que se generan en torno al aborto.

Uno de los miembros del comité de expertos que asesorará al Ejecutivo para la creación de la ley, el doctor Javier Martínez Salmeán, ya ha hecho sus primeras declaraciones al respecto y se ha mostrado partidario de que sea la mujer la que decida sobre la interrupción del embarazo, en la primera fase de la gestación, "sin la intermediación de otras personas".

En declaraciones a la Cadena Ser recogidas por este diario, Martínez Salmeán, que es jefe del Servicio de Obstetricia y Ginecología del hospital Severo Ochoa de Leganés, señaló que la actual ley de interrupción del embarazo "se ha quedado un poco antigua" y "chirría en algunas situaciones, en algún abuso en la indicación psiquiátrica".