POR LEY
Las entidades de mediación de créditos tendrán que ser transparentes e inscribirse en un registro

El Consejo de Ministros ha aprobado un proyecto de ley por el que se regula la contratación con los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios de intermediación para la celebración de contratos de préstamo o crédito.

CONSUELO CRIADO. Esta propuesta normativa supone una novedad en el ordenamiento jurídico español y, según indicó el ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, al término del Consejo de Ministros, pretende proteger los derechos del consumidor en una actividad creciente tanto en España como en los demás países de la Unión Europea. "El proyecto de ley regula la protección al consumidor en la intermediación de créditos al consumo y, al mismo tiempo, dota de seguridad jurídica a las empresas", dijo.

Para ello, el proyecto recoge una serie de obligaciones que tendrán que cumplir estas entidades. Concretamente, la nueva regulación, que será debatida en el Parlamento, fija las obligaciones de transparencia y garantías de información que han de cumplir las entidades que se dedican a la actividad de concesión de créditos hipotecarios o a la intermeiación y asesoramiento para la celebración de contratos de préstamo y crédito.

En primer lugar, y como mecanismo de garantía para el consumidor, deberán estar inscritas en un Registro Público Estatal y en otro autonómico. Por otro lado, se amplían las obligaciones de transparencia de las entidades dedicadas profesionalmente a esta actividad, que tendrán que aportar información precontractual, informar sobre las principales características de sus contratos y ser transparentes en su publicidad y comunicaciones comerciales.

En este sentido, se establece la obligación de que las empresas dispongan de un tablón de anuncios en los establecimientos abiertos al público. Además, no se podrán cargar cantidades superiores a las que deriven de las tarifas publicadas. En el caso de que la comunicación comercial se refiera a la agrupación de distintos préstamos o créditos en uno solo, deberá de facilitarse de forma clara, concisa y destacada cualquier tipo de gastos relacionados con la citada agrupación.

Por lo que se refiere a los requisitos de los contratos que instrumenten las operaciones que son objeto de regulación, se exige que sean por escrito con un determinado contenido mínimo. Paralelamente, se exigirá que las empresas distintas de las entidades de crédito que realicen la actividad que se regula suscriban un seguro de responsabilidad civil u otra garantía financiera adecuada contratada con entidad autorizada, que cubra las responsablidades en que pudieran incurrir frente a los consumidores.

DERECHO DE TIENTO

Además, el proyecto prevé específicamente el derecho de tiento en los contratos de intermediación. Por último, se incluye un régimen de infracciones y sanciones, se da cobertura a la resolución extrajudicial de conflictos, particlarmente al arbitraje de consumo, y se regulan las acciones de cesación.

Los consumidores de UCE y de Ceaccu coincidieron en reclamar que el proyecto de ley cuente con los medios materiales, los fondos y los inspectores suficientes para garantizar su efectividad. En declaraciones a este periódico, el portavoz de la Unión de Consumidores de España (UCE), Juan Moreno, consideró como "pertinente" y "positiva"  su aprobación. "El Gobierno se hace eco de un malestar importante" en torno a estas entidades, dijo.

En su opinión, es necesario un mayor control sobre este sector, dado el alto número de irregularidades que en él se registran y que hace vulnerables a los consumidores, "especialmente en estos momentos de crisis, en los que muchas personas están recurriendo a los créditos rápidos para refinanciar su deuda". No obstante, incidió en la importancia de que la norma esté acompañada de "una dotación suficiente y bastantes inspectores", para que el control sobre estas entidades sea real.

Por su parte, la presidenta de la Confederación Española de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (Ceaccu), Isabel Ávila, estima que "era un proyecto necesario, para poner orden en este sector", cuya incidencia en los consumidores es "bastante negativa". Finalmente, mostró cierta "cautela" y "desconfianza" sobre la efectividad de la futura norma, ya que "deberá incorporar un alto número de inspectores para ser efectiva". Añadió que estas entidades "deberían pertenecer al sector financiero, y no al de consumo, para estar sometidas al exhaustivo control del Banco de España".