LA CONSEJERÍA DICE QUE ES UN "AULA DE RELAJACIÓN"
Denuncian que un centro de educación especial andaluz aisla a los alumnos

La Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con Retraso Mental de Andalucía (Feaps Andalucía) ha exigido a las autoridades educativas competentes que lleven a cabo una "exhaustiva investigación" en el centro de educación especial Jean Piaget de Granada, donde, según ha denunciado la Asociación de Madres y Padres, hay un espacio de aislamiento para los alumnos.

MARIBEL GONZÁLEZ. Los padres de este colegio de Granada han hecho llegar su preocupación al juzgado de guardia y a las delegaciones de Educación e Igualdad de la Junta de Andalucía, que no encuentra "hechos consistentes" para fundamentar las denuncias, porque entiende que la habitación es "un aula de relajación" usada "para calmar a los niños cuando se ponen nerviosos o violentos".

A este respecto, Feaps considera "inadmisible" que pueda existir un espacio para el aislamiento de los alumnos en un colegio de educación especial, porque, según argumenta, una medida así "requeriría un completo y exhaustivo protocolo, autorización expresa por un técnico competente, psicólogo o psiquiatra, conocimiento y autorización por la familia, y, de manera ineludible, autorización judicial".

Según la organización, el uso de medidas como ésta se admite únicamente "en instituciones de otras características, y como medida excepcional, cuando no existan otras alternativas más normalizadoras".

En cualquier caso, añade, la aplicación de "correctivos" de este tipo ha de ser siempre "con la directa y continua supervisión profesional de psicólogo o psiquiatra, estar acotada a momentos imprescindibles y bajo las concretas indicaciones establecidas por el juez en la pertinente autorización". El aislamiento de alumnos de educación especial es hoy, para Feaps, "una práctica obsoleta y rechazada por la comunidad científica, todos los profesionales y las familias".

Por este motivo, Feaps Andalucía apoya a la asociación de padres que ha formulado la denuncia, porque entiende que "los derechos de las personas con discapacidad han de ser prioritarios", y exige a la autoridad educativa "una exhaustiva investigación, con la presencia ineludible de los padres de los alumnos", hasta determinar las condiciones de uso de esa instalación "y la depuración de las responsabilidades de quien la hubiese autorizado, utilizado o tolerado".